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Posts etiquetados ‘Servicio Penitenciario Bonaerense’

Por quinto año consecutivo, este jueves 12 de agosto, se presentó en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha el Informe Anual del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que hace un diagnóstico sobre violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención y realiza una evaluación de las políticas de seguridad, niñez y penitenciarias en la provincia de Buenos Aires.

Foto: Fatima ((i)) La Plata

De la presentación participaron Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano, todos miembros de la Comisión Provincial por la Memoria. Además hubo dos visitas internacionales: Mark Thomson, secretario general de la Asociación para la Prevención de la Tortura, y el juez español Baltasar Garzón, consultor académico de la Comisión, quien estuvo a cargo del cierre del acto. Cada panelista desarrolló un capítulo del informe -políticas penitenciarias, de niñez y de seguridad-, dejando en claro que la violación de los derechos humanos no es cosa del pasado, sino una práctica vigente, efectuada y respaldada por personal y funcionarios de los distintos poderes del Estado, tanto bonaerense como nacional. El acto empezó al mediodía, luego de que en la Sala Presidencia del mencionado Pasaje se declarara huesped de honor a Baltazar Garzón. Después de una breve introducción, a cargo de la Directora Ejecutiva de la Comisión por la Memoria, Ana Cacopardo, tomó la palabra el titular del SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel.

El Nóbel de la Paz comenzó enfatizando que “los Derechos Humanos son integrales, abarcan la vida misma y tienen que ver con la construcción democrática” y que el informe, que fue entregado previamente a las autoridades provinciales “no es simplemente para que lo lean sino para que lo pongan en práctica. Corregir las deficiencias que hay es la única forma de construir una democracia participativa donde todos y todas tengamos el espacio que nos corresponde.” Además, criticó a los medios de comunicación que quieren “penalizar a los jóvenes, a la pobreza, a la marginalidad” y, respecto a los funcionarios, remarcó que deben ser sensibles “a la situación de otro ser humano, porque sino no están cumpliendo su función”.

Minoridad en riesgo

Adolfo Pérez Esquivel hizo referencia a la parte del informe dedicada a minoridad en riesgo social: “¿alguien se acercó a un chico de la calle y le preguntó cuál es su seguridad? (…) ¿Qué protección tiene de la sociedad?” y puso de relieve que el Comité detectó en 2009 “el agravamiento respecto del sistemático incumplimiento, por parte del Estado provincial, no sólo de las leyes provinciales y nacionales, sino también de las convenciones internacionales de los Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional.”

“Los institutos de menores se transformaron en depósitos humanos. Hay un crecimiento de detenidos sin poder avanzar en sus procesos”, aseguró el integrante de la Comisión por la Memoria, y recalcó que tenemos que revisar “cuál es la vigencia de los Derechos Humanos hoy”, más allá de los avances producidos a partir de los juicios por la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura. Al respecto, señaló que en una reunión reciente que mantuvo la Comisión con el gobernador Daniel Scioli y sus ministros, se acordó realizar reuniones mensuales para buscar soluciones y concluyó que “está en nuestras leyes que los jóvenes deben ser respetados”.

Vigencia de la matriz autoritaria

Por su parte, el presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón, recalcó que el informe se realiza con extrema rigurosidad, estudios de campo, relevamientos, referencia directa de víctimas, instituciones oficiales y organizaciones, para poder elaborar la base de datos que sostiene el trabajo. Además aseguró que “de ninguna manera estamos actuando sobre la coyuntura política en ningún momento histórico de la existencia de la Comisión por la Memoria. En estos diez años, con gobiernos diferentes, con ministros, gobernadores, jueces de la Corte y legisladores diferentes, hemos siempre tratado de hacer aportes institucionales -aunque a veces se pueden leer desde otro lugar, que no es la intencionalidad que tenemos- que apuntan a la vigencia de la legalidad que corresponde a un Estado de derecho de un sistema democrático de gobierno y de convivencia civilizada de la sociedad”.

Cañón aseveró que la transición de las dictaduras en América Latina a procesos de consolidación democrática no ha finalizado y que todavía hay muchos perfiles autoritarios que se mantienen vigentes y que deben ser desarticulados. Sin ir más lejos, recordó que hasta 1998 operaron “a pleno” los servicios de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los archivos de DIPBA, donde actualmente funciona la Comisión que él preside. Ese archivo, bajo control de la Comisión, hoy sirve de sustento para los juicios que se desarrollan por crímenes de lesa humanidad. “Estamos hablando no de coyunturas, sino de una política de Estado necesaria para revertir una línea de funcionamiento de las instituciones”, manifestó el jurista.

En ese sentido, sostuvo que las políticas que se están adoptando para desarticular esa matriz autoritaria en la Provincia “no van en la dirección de la modificación sustancial de esa estructura sino que apuntan a la permanencia y supervivencia de las corporaciones de fuerzas de seguridad que venían de regimenes anteriores y que, hoy en día, trata como todas las corporaciones de sobrevivir y de imponer condiciones y reglas de juego”. Además, expresó que “el poder civil, el poder democrático, tiene que tener total manejo sobre las fuerzas de seguridad para que no se conviertan en corporaciones, como también existen corporaciones mediáticas, económicas eclesiásticas, que han sido, por otra parte, las que han dominado el manejo de los países y las provincias a lo largo de la historia” y agregó que “esa matriz tiene que transformarse radicalmente.”

Respecto del manejo de la policía, Cañón criticó a Eduardo Duhalde que, cuando gobernó la Provincia, puso el control de la fuerza de seguridad en manos policiales por las políticas de seguridad, dando vía libre a los negocios ilegales de la Bonaerense que, de ser la “mejor policía del mundo” se transformó en la “maldita policía” al quedar evidenciada su complicidad en el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, caso que desencadenó en la reforma policial que se planteó y que “desgraciadamente, no continuó en el tiempo sino que se volvió luego a retroceder para delegar en la policía el manejo, desde una jefatura unificada”. Para el abogado y ex Fiscal General federal de Bahía Blanca, “esto es peligroso porque bien sabemos que la policía es una fuerza de seguridad que tiene un presupuesto determinado, de 900 millones de dólares anuales, pero ese presupuesto no es suficiente para que funcionen. Y sabemos también que hay otras fuentes de financiación que provienen de carriles de ilegalidad que tienen que ver con mecanismos recaudatorios”. Además, dice Cañón, que “en esa estructura de organización mafiosa o cuasi mafiosa también se colectan operadores o recaudadores que trabajen para ellos. Desde los presos que salían de las cárceles para robar para las autoridades penitenciarias, hasta los menores que se los aprieta para que roben para la policía, y que eso desencadena en situaciones como la desaparición de Luciano Arruga, caso que no se ha investigado en plenitud, demuestran o explican en plenitud lo que estamos hablando”.

Por último, expresó que el mensaje que se manda a la sociedad es que los menores delinquen, que hay inseguridad permanentemente, que falta darle más fuerza, autonomía y presupuesto a la policía, “indocumentados adentro”, razzias, códigos de convivencia, detener por portación de cara, generar la sensación de inseguridad, y de esa manera instalar un régimen o un sistema autoritario y no con un régimen democrático de convivencia. “La idea de esta Comisión y del Comité contra la tortura tiene que ver con trabajar sobre la realidad, hacer planteos y propuestas que modifiquen esa realidad. La idea no es sólo informar y describir los hechos sino pasar de tener una política punitiva a una de seguridad democrática”.

Seguridad pública

Alejandro Mosquera se refirió a la parte del informe sobre políticas de seguridad pública. Al respecto, expresó que en los últimos años hubo un retroceso importante en esa área y remarcó que el primer punto a modificar es el del autogobierno de la fuerza, que debe volver a estar bajo control civil. El otro punto central que señaló es que, actualmente, la policía tiene un rol principal que es actuar como control de los excluidos, mediante el control social, y atacar los pequeños delitos.

“La demagogia punitiva se propone contantemente cambios de leyes. Muchas de ellas no inciden en la prevención y persecución del delito sino que, la mayoría, son limitaciones inconstitucionales a las excarcelaciones o más poder a la policía”, argumentó el ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. En ese sentido, aseguró que los funcionarios reducen la problemática de la seguridad y que la inseguridad es producto de la distribución inequitativa de la riqueza. Además, resaltó que la baja de edad de imputabilidad no mejora la seguridad y que en ninguna parte del mundo se prueba que con más penas se baje la inseguridad.

Acerca del reclutamiento de jóvenes para delinquir, Mosquera se refirió al caso Arruga como un caso testigo de una realidad recurrente: “Luciano Arruga son miles de pibes” y afirmó que, “si hay impunidad en ese caso es un mensaje fuerte de que se puede chantajear a los pibes, presionarlos para que delincan y, sino, puede haber ajusticiamiento”. También aportó algunos datos ilustrativos acerca de la situación de las fuerzas de seguridad, como que en 2009 se iniciaron 4861 causas contra integrantes de esas fuerzas. De ese número, el 42%, corresponden a la Bonaerense. En cuanto al número de detenidos en las comisarías de la provincia, actualmente es de 4040, llegando a una sobrepoblación de entre el 100 y el 300%, según la localidad. Hubo ocasiones -relató Mosquera- en que los jueces constataron el hacinamiento y procedieron a clausurar las comisarías, pero la fuerza no respetó la decisión judicial y siguieron funcionando. Las causas de personal policial acusado de delitos contra la integridad física de los detenidos llegan a las 10.900 que, en su mayoría, quedan sin condena.

En cuanto a las propuestas, destacó la de crear un Observatorio de Violencia y Delito y, fundamentalmente, una Policía Judicial, dependiente del Poder Judicial, capacitada, con titulo universitario (tecnicatura), además de la sanción de una Ley de Cupos. También remarcó la necesidad de generar un registro de casos de tortura a nivel nacional.

Política penitenciaria

Roberto Cipriano, coordinador del Comité Contra la Tortura, comenzó su alocución recordando que al comienzo de su gestión, el Gobierno reconocía la sobrepoblación de las cárceles y ahora la niega, y que incluso el ex director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, decía que los presos se torturaban a sí mismos. Además repudió que, hasta el momento, sólo siete causas contra integrantes del SPB fueron calificadas como torturas, es decir que “los torturadores no sólo no entrarán por una puerta y saldrán por la otra. Nunca entrarán por ninguna puerta de las puertas de la Justicia”. Tampoco el Estado Nacional, asegura Cipriano, ha reconocido la tortura y poco ha hecho para combatirla: “Escudados en los juicios de lesa humanidad del pasado no han tenido tiempo de mirar los crímenes de lesa humanidad del presente.”

“La provincia de Buenos Aires cuenta con el sistema de encierro más grande del país y creció aceleradamente durante la gestión del gobernador Scioli. El 26 de marzo de 2010 se alojaban en las 54 cárceles bonaerenses 26.092 personas y en, aproximadamente, 310 comisarías había 4040 detenidos, un total de 30.132 detenidos. Esta gestión incrementó la cantidad de detenidos en 3.145 personas.” dijo Cipriano, y agregó que “este dato que, de por sí sólo, da cuenta de la inflación del sistema penal, se muestra mucho más descarnado cuando consideramos que el 77% de los adultos, más de 20 mil personas, está en prisión preventiva. En mujeres, este pocentaje trepa al 85% y en jóvenes detenidos en institutos de menores, al 70%, o sea, la mayoría está preso por las dudas. Considerando cárceles y comisarías hay más de un 60% de sobrepoblación. Faltan más de diez mil plazas en el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires.” En tanto, al igual que en la Policía Bonaerense, en el SPB hay autogobierno, para “que no haya líos” al interior de esa fuerza.

“El informe tira una bomba -prosigue Cipriano- y denuncia la corrupción penitenciaria estructural, la connivencia entre proveedores y funcionarios importantes de la administración provincial. Verán en este capítulo que se denuncian contrataciones directas, sobreprecios, adjudicaciones arbitrarias, pagos desmedidos en compras penitenciarias, y también analiza la gran cantidad de robos de pertenencias a los detenidos de parte de los propios penitenciarios” y afirma que “los funcionarios de alto rango roban a gran escala, los de bajo rango rapiñan a los presos”.

La situación no fue denunciada solamente por el Comité Contra la Tortura, sino también por tres instancias internacionales que, durante el primer semestre de este año, reclamaron al Estado nacional que termine con la tortura en la provincia de Buenos Aires. “El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas, así como la Relatoría de Personas Privadas de su Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recorrió las cárceles provinciales, elaboraron duros informes que dan cuenta de la tortura, la sobrepoblación y las condiciones de detención”.

Los datos de 2009 en la Provincia son demoledores: aumento de la muerte y la tortura, de la violencia en lugares de detención. Detalla Cipriano que murieron 116 personas en el sistema penitenciario provincial (casi 10 por mes). En 2008 fueron 112. En comisarías, los detenidos muertos fueron 10. Las muertes fueron en 34 unidades carcelarias, en tanto, Olmos es donde siguen aconteciendo la mayor candidad de muertes: 16 el año pasado. La mayor cantidad de muertes en lugares de encierro fue por enfermedades: 41 personas murieron de VIH (37 confirmadas y otras cuatro con indicios importantes) y más de 7 de cada 100 detenidos con VIH-SIDA fallecieron en 2009. “Por enfermedades como el VIH nadie se muere en el medio libre. En la cárcel es garantía de padecimientos y de final”, enfatizó el titular del Comité, y agregó que “las historias clínicas de los muertos de VIH son mapas que dan cuenta de esa desidia y desatención médica pero también de la desidia judicial. Los jueces no conocen el estado real de la persona y por tanto, ni siquiera admiten su traslado para morir en su hogar”.

“El aumento de los casos de tortura se traduce en más golpizas de todo tipo, más aislamiento, más picana, más submarino, más puñaladas penitenciarias, más traslados constantes, más manguerazos de agua fría descargadas sobre los y las detenidas, todo esto lo verán documentado en este informe”, continuó Cipriano, y agregó que en 2009 el Comité presentó 1.024 habeas corpus por el agravamiento de condiciones de detención. Cada uno, contiene más de un hecho de tortura. “En total se denunciaron 2.769 hechos graves acontecidos en 44 cárceles del sistema. Las agresiones físicas por parte de los agentes penitenciarios constituyen las prácticas de torturas más utilizadas contra los detenidos.” Sobre 590 encuestas realizadas a detenidos por el Comité junto al GESPyDH del Instituto Gino Germani (UBA), el 84% de los hombres y el 40,6% de las mujeres afirmó y describió haber padecido torturas y agresiones físicas durante su actual detención. “la picana eléctrica sigue utilizandose en diferentes unidades. En los relatos de los detenidos se releva su utilización en, al menos, dos unidades el año pasado”, en tanto, un caso fue probado judicialmente, pero en muchos otros no se realizaron correctamente las pericias correspondientes. Además, crecieron las peleas entre internos, que los penitenciarios reprimen utilizando postas de goma. Hubo 1.552 hechos de represión en 36 unidades penitenciarias durante 2009. El año anterior habían sido 1.487 hechos en 30 unidades.

Roberto Cipriano finalizó con un crudo ejemplo del funcionamiento mafioso del “sistema de la crueldad” que rige en las cárceles bonaerenses. Recordó a Eduardo Mansilla Díaz quien, estando preso, denunció en varias oportunidades al SPB. En una de sus visitas, Cipriano le dijo que tuviera cuidado: “son muchas denuncias, te van a querer callar”, a lo que el preso denunciante respondió: “si cometen delitos tienen que pagar, yo estoy pagando, ¿por qué ellos no?”. Cuando obtuvo su libertad, le armaron una causa y lo encerraron en el penal de Magdalena. Al recibirlo, los guardias le dijeron: “¿así que vos sos el que denuncia?” y esa vez no pudo contarlo: “el sistema de la crueldad se lo llevó para siempre”.

Visitantes internacionales

Mark Tomson fue el anteúltimo orador. En un esforzado y meritorio castellano expresó que para prevenir la tortura era necesario contar con tres factores: transparencia institucional, marcos jurídicos efectivos y fortalecimiento de capacidades de actores nacionales e internacionales, y dejó en claro que la asociación a la que pertenece se compromete a trabajar con el Comité.

Finalmente, habló Baltasar Garzón, quien aseguró que eso de considerar que los delincuentes no son parte de la sociedad debe ser eliminado y remarcó que para combatir la tortura se necesita de la preparación científica de los cuerpos del Estado y del uso de técnicas para no recurrir a la violencia. “En España se creyó que contra el terrorismo, el uso de la violencia daba buenos resultados” pero “fue un error”, dijo Garzón.

“Me he quedado impresionado con los datos del informe. No puedo creer que haya más de 4000 detenidos en comisarías”, prosiguió el juez, y criticó la “salida fácil” de poner prisión preventiva. Además exclamó que es necesario que el enjuiciamiento se produzca con garantías y en tiempo razonable y agregó que “este informe muestra que la sociedad civil está viva y exige respuestas”. Por último, se sumó al reclamo de sus predecesores y argumentó que “las fuerzas policiales, por muy profesionales que sean, tienen que tener un control civil, para cumplir su función de protección de los ciudadanos.”

El “represor” Garzón

Antes de que comenzara el acto, integrantes de la agrupación Amigas y Amigos del Pueblo Vasco (Euskal Herriaren Lagunak) desplegaron la Ikurriña (bandera Vaska) y repartieron volantes repudiando la visita del juez español Baltasar Garzón a quien calificaron de “represor”. El panfleto plantea que Garzón “ha sido la pieza fundamental en las políticas de represión aplicadas por el Estado español contra los luchadores y luchadoras del País Vasco y de otras nacionalidades oprimidas. De esta manera, es el culpable de que, miles de jóvenes imbuidos con los mismos principios, idéntica pasión e igual compromiso que nuestros 30 mil desaparecidos, hayan sido enviados a la cárcel por 10, 20 o 30 años por el sólo hecho de reivindicar los derechos de su patria invadida y controlada por el poder económico y militar español”.

Más información

Videos de la presentación del informe del Comite contra la tortura Por Indymedia La Plata
Comite contra la Tortura: Presentación Por Fatima ((i)) La Plata
Garzón. Repudio a la presencia del juez español represor Reenvío Agencia Walsh

Nota publicada en Indymedia La Plata. 16 de agosto 2010.

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Hay empresas que se valen del trabajo de los presos y de las instalaciones de las cárceles para producir. Y luego le venden sus productos al Servicio Penitenciario Bonaerense. Connivencia, controles laxos y sospechas por doquier

Fábricas tumberas. Así se podría de-nominar a los conglomerados productivos que funcionan en gran par-te de las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En su inmensa mayoría, los presos trabajan a cambio de un ingreso irrisorio, mientras que las empresas luego le venden su producido intramuros al Estado bonaerense. Lo que se dice, un negocio redondo. Veamos: Printer Planet SRL posee hace un año un emprendimiento de reciclado de cartuchos en la Unidad 26 de Olmos (La Plata). En la web de esta Pyme figura un gran listado de clientes, entre los que se destacan numerosas dependencias estatales provinciales y nacionales, entre ellas, el SPB.

Lo mismo sucede con la empresa de catering Resaka, que emplea a internas de la Unidad 46 de San Martín. Las presas se desempeñan en la cocina. Esta compañía recibió más de un millón y medio de pesos en lo que va de 2009 por los servicios brindados al SPB (ver aparte). Además, Resaka es uno de los principales proveedores de alimentos del Estado bonaerense.

La ley provincial que regula el trabajo en las cárceles es la Nº 11.046, sancionada en 1991 (modificada luego por la Nº 13.790). Por ella se crea la Cuenta Especial “Ser-vicio Penitenciario de la Provincia, Tra-bajos Penitenciarios Especiales”, administrada por un consejo constituido para tal fin que tiene la función de “planear tareas con fines reeducativos en todas las Unidades Carcelarias de la Provincia, adquirir materiales y elementos para llevar a cabo las actividades, controlar la producción y administrar los fondos. Está conformado por el director general de Asistencia y Tratamiento, el director
de Trabajo Penitenciario del Servicio Penitenciario Bonaerense, un integrante de la subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social y un integrante de la subsecretaría de Coordinación Técnico Administrativa, ambas del del ministerio de Justicia.

Dicha norma especifica que la remuneración de los internos “en ningún caso será inferior al treinta por ciento del salario neto mensual diario u horario del Guardia Cuerpo General del Servicio Penitenciario”. Sin embargo, la mayoría de los internos que trabajan en algún proyecto productivo o realizando tareas de mantenimiento en los penales no reciben salario sino peculio, de entre $ 30 o $ 50 mensuales por tareas que rondan -y a veces superan- las ocho horas diarias de labor.

En el caso en que perciban salarios, los mismos van de los $ 200 a los $ 600. Los salarios y peculios suelen abonarse en negro, sin descuentos de haberes jubilatorios, ART u otras cargas sociales, de manera que resulta sumamente beneficioso para las empresas radicarse dentro de los penales.

Según un informe del SPB titulado El trabajo en las cárceles bonaerenses, “durante 2008 se suscribieron más de 60 convenios y se invirtieron recursos para mejorar las condiciones físicas de los talleres de las cárceles.” Estos convenios se establecen con municipios, entidades de bien público, ONGs y empresas privadas, en tanto “la difusión de la apertura institucional a los distintos actores sociales se llevó a cabo al participar de congresos, consejos consultivos y en reuniones con funcionarios municipales y gremiales”. Las empresas y particulares que firman convenio con el SPB pagan un canon mensual de acuerdo a la actividad desempeñada, “teniéndose en cuenta para su cuantificación los gastos de servicios y otros que deba prestar la Unidad, contándose con medidas de energía para cada emprendimiento.”

Batán: el gigante productivo

El complejo fabril carcelario más importante de la Provincia se encuentra en la Unidad Nº 15 de Batán, partido de General Pueyrredón. Allí funcionan seis emprendimientos privados, que emplean entre 350 y 400 internos. El de mayor peso es una fileteadora y procesadora de pescados y mariscos, propiedad de la compañía Infood SA, que brinda trabajo a 60 internos. A los fileteros se les paga $ 0,05 por kilo de merluza, en tanto la cantidad de pescado que ingresa por día va de 3.000 a 4.500 kilos.

Luego del éxito de la fileteadora y procesadora, esta empresa, presidida por Ricardo Scaramucino y gerenciada por Alejandro Ludvik, incorporó la elaboración de medallones precocidos y congelado de pescados que luego son comercializados.
Otra de las empresas que se destacan en la Unidad Nº15 es Logamar SA, una fábrica de reciclado de polietileno, declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante marplatense. Allí se reciclan unas 500 toneladas anuales de basura. Una inspección judicial del 28 de mayo de 2008 contabilizó 26 internos trabajando en esa planta.
El tercer emprendimiento en importancia es la fábrica de bloques de cemento, a cargo de la empresa Cementblock.

La firma Guprak, a cargo de Eduardo Schettini, es la más antigua dentro de Batán. Su taller de fabricación de guantes de látex y aparado de calzado funciona hace 18 años. En el taller de guantes (látex, PVC, acrílico) trabajan 17 internos, en jornadas de ocho horas, y cobran $ 200 mensuales ($ 0,10 por par de guantes). En el de calzado se emplean 30 detenidos y los sueldos son de $ 280 para los aprendices y de $ 400 para los oficiales.

No hay información precisa ni fidedigna sobre el consumo de energía (luz y gas) que insumen estas fábricas, ni quién se hace cargo del mismo.

Lavadero insalubre

En la Unidad Nº10 de Melchor Romero funciona un lavadero industrial perteneciente a una empresa privada que mantiene convenio con el SPB. Está activo las 24 horas del día, en tres franjas de 8 horas, cubiertas por grupos de 10 a 12 internos por turno. Los reclusos que trabajan allí reciben un ingreso diario de $ 12 de lunes a viernes y de $ 15 los fines de se-mana y feriados.

En el hábeas corpus colectivo presentado a la Justicia en septiembre de 2008 por el Comité Contra la Tortura, hay un apartado dedicado a la actividad de este emprendimiento. Su tarea consiste en el lavado de ropa proveniente de clínicas privadas, dos de las cuales se encuentran en Mar del Plata, una se localiza en Monte Grande y otra en Luján.

Según lo que el encargado de personal de la empresa relató al Comité, el lavadero se denomina Asepsia -antes se llamaba Mitre-. El Comité describe que allí las “sábanas, fundas y ambos de cirugía se mezclan con diferentes residuos patógenos que pudimos observar: pedazos de gasa y algodón con sangre, toallas, rejillas y trapos de piso ensangrentados (…) Todos los detenidos a los que vimos trabajar carecían de protección; vimos a algunos de ellos manipular estos residuos sin guantes ni traje alguno. Si bien el encargado afirmaba que los internos no manipulaban la ropa conforme llegaba, con residuos patógenos, vimos que sí lo hacían”.

A la falta de protección adecuada se suman los problemas edilicios. Según
el Comité, “el lugar donde funciona el lavadero carece de una instalación eléctrica adecuada; es muy precaria, con cables colgando y caños que pierden agua permanentemente. Los detenidos trabajan todo el tiempo con los pies mojados y sobre charcos de agua, lo que, sumado a las conexiones eléctricas deficientes, re-presenta un peligro importante”.

Alpargatas, bolsas y conejos

En varias unidades hay emprendimientos de armado de bolsas de papel. Una de ellas es la Nº48 de San Martín, donde trabajan 9 detenidos. La empresa Marlipack les trae el material y ellos tienen que armar las bolsas. Según una inspección judicial realizada en esa unidad en octubre de 2008, “en el sector de talleres había 5 internos trabajando en el armado de bolsas de papel para una empresa, que cobran $ 0,03 por c/u; se preparan entre 1.050 y 1.200 por día”.

En una unidad de Sierra Chica, la Nº 38, recibieron hace cuatro años la donación de un casal de conejos. Comenzaron vendiendo la producción a los empleados del establecimiento, y en la actualidad exportan a la Unión Europea. Cada 15 días se venden unos 125 animales a Holanda, Alemania, Francia, España y Reino Unido, mediante el frigorífico Industrias Alimentarias Coronel Vidal. La evolución de la producción crece a ritmo vertiginoso. En 2004 vendían mensualmente 50 animales, y en la actualidad la cifra supera los 250.

También en la Unidad Nº 38 hay una fábrica de alpargatas, donde los detenidos producen mensualmente 28.000 pares. “La producción es una de las más grandes que existen en el orden del trabajo en las cárceles de todo el SPB”, expresa el Servicio Penitenciario en una nota de febrero de este año.

En tanto, la relación de gran parte de los proveedores con la actual administración del SPB, a cargo de Fernando Díaz desde 2005, es sumamente sospechosa y cuestionada. Hay denuncias de todo tipo vinculadas con exorbitantes compras de alimentos, muchos de los cuales nunca llegan a destino. Así consta en diferentes relevamientos y trabajos periodísticos.

Las empresas beneficiadas, a la vez, son siempre las mismas y con una metodología similar: se les estipula entregas parciales y le venden al SPB un promedio de alimentos muy por encima de la cantidad de internos (ver aparte).

El SPB nunca dio explicaciones sobre este tema. Tampoco sobre la supuesta connivencia entre las empresas que producen intramuros y que luego le venden al Estado.

Azucena Racosta, investigadora UNLP: “Es un coto de corrupción infame”

Azucena Racosta es docente de la UNLP y coordinadora del Colectivo La Cantora, un proyecto de comunicación popular que desde hace más de quince años realiza talleres y programas de radio con personas privadas de su libertad. Ante la consulta de La Tecla respecto de la situación laboral en las cárceles, señala que “en ningún caso se sabe en qué condiciones están los trabajadores, y de estos trabajadores no se ha hecho cargo ni el ministerio de Trabajo ni los distintos gremios”, a la vez que remarca que los proyectos productivos siempre implican un “negocio de los penitenciarios”. Como ejemplo menciona las fábricas de bolsas de cartón, en las que muchos presos trabajan: “No tienen obra social, no tienen salario familiar, no tienen cobertura de ningún tipo, no tienen descuento jubilatorio; es decir, cuánto gana esa empresa a costa de explotar a las personas privadas de la libertad (…) y a raíz de qué coimas o qué acuerdos con el Servicio Penitenciario pueden ingresar estas empresas a la cárcel”.

Además de denunciar el entramado comercial de las empresas con el SPB, la referente de La Cantora señala que estas compañías no sólo explotan y privan de los derechos laborales básicos a los presos, sino que al hacerlo también generan desocupación afuera de las prisiones.

Por último, Racosta subraya que la cárcel “es una institución pública y deberíamos saber exactamente cuánto cobra cada trabajador, con qué descuentos”, y enfatiza que La Cantora nunca vio una empresa que realmente permitiera a las personas privadas de la libertad “aprender un oficio, tener un salario digno, con los descuentos correspondientes, que les permita mantener a la familia dignamente mientras ellos cumplen la condena; es un coto de corrupción infame”.

Mil presos trabajan en cárceles bonaerenses

La cantidad de emprendimientos privados ascendió de unos 15 en 2004 a casi 80 en 2009, en tanto, los internos que trabajan pasaron de ser 50 a más de 1.000.

Las compras del spb: Medio kilo de carne para cada preso

El promedio de consumo de carne por habitante en la Argentina es de 70 kilogramos por año, pero en las cárceles bonaerenses ese número es bastante más abultado: 182 kilogramos anuales consumirían los internos, según se desprende se las órdenes de compra del Servico Penitenciario.

Una decena de empresas proveen diariamente carne y otros alimentos a las prisiones del SPB. Entre ellas se destacan Olazul SA, Carnes Yamuni, Frigorífico Visom, DASEM SRL, Grupo Colonia SRL, Alimentos Generales SA y Resaka SRL.

En la edición de junio la revista Desafío Económico publicó un informe con datos contundentes, obtenidos a partir de 17 órdenes de compra. Allí figuraban millonarias entregas de carne para las unidades carcelarias en plazos de 183 días, a razón de medio kilo diario, o más, por cada preso.

Los diversos informes del Comité Contra la Tortura, organismo dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria, sostiene que la alimentación de los presos es “incomible”, y que en algunos casos deben “reciclar el menú” para poder alimentarse bien.

Prisiones superpobladas de inocentes

En las cárceles bonaerenses hay cerca de 22.000 presos. El 85% está procesado, y
el 75% no fue condenado en primera instancia. Habría 6.000 inocentes tras las rejas.

Proveedores de Carne

* Carnes Yamuni SA recibió en lo que va del año $ 4.407.743,13.
* Frigorífico Visom SA obtuvo del SPB en estos meses de 2009 un total de $ 4.176.238,41.
* Olazul SA y Dasem SRL cobraron cifras cercanas a los dos millones y medio de pesos, en tanto a Resaka SRL se le abonó un millón y medio.

Dos gestiones

Fernando Díaz está al frente del SPB desde 2005. Durante todo este tiempo ha recibido diversos cuestionamientos, sin embargo continúa en el cargo.

Nota publicada en La Tecla – Jueves 16 de julio de 2009

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Desafío accedió a 17 órdenes de compra que suman más de 13 millones de pesos en alimentos. El Servicio hace erogaciones como para que los presos coman medio kilo de carne por día, casi tres veces más de lo que ingiere un argentino medio.

Junio de 2009

Un argentino consume, en promedio, 70 kilos de carne por año. Si se toman como parámetro las compras millonarias que realiza el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para alimentar a la población carcelaria, que oscila las 22.000 personas, cada detenido estaría ingiriendo un promedio de 182 kilos por año, a razón de medio kilo por día. Lo que se dice, presos muy bien alimentados.
El dato surge al comparar las órdenes de compra -a las que Desafío accedió en exclusiva- realizadas por el SPB entre enero y abril últimos a empresas proveedoras de alimentos y la cantidad de hombres y mujeres privados de su libertad en territorio bonaerense (sin contar comisarías).
Los pagos exorbitantes, que superan los 13 millones en sólo 17 órdenes de compra oficiales, casi todas fechadas entre enero y abril de 2009, se contraponen con la realidad que describen, entre otros, el Comité Contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires y familiares de los detenidos.
Las contrataciones que el SPB realiza para el rubro alimentación configuran un escenario con denominadores comunes:
1.- Son siempre los mismos proveedores.
2.- Hay compañías que brindan desde venta de verdura, hortalizas y varie-dad de batata, pasando por fideos, harina, vinagre, arroz y té, hasta carne.
3.- Todas las órdenes de compra que obran en poder de Desafío estipulan “entregas parciales” de la mercadería “a pedido de la repartición”, aun la que no es perecedera, como fideos o té.

Datos contundentes

Muchas de las órdenes de compra hablan por sí solas. Según la 40/09, fechada el 29 de enero de 2009, la em-presa Olazul SA recibió la suma de $ 288.465,03, por 36.841 kilos de carne tipo vacuna de corte media es, a $ 7,83 el kilo. Todo esto, tal como figura en el mismo documento, es para la Unidad 6 de Dolores, en un plazo de entrega de 183 días.

En esa unidad hay 316 internos, de acuerdo al último dato oficial de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB. La cuenta es sencilla: la cantidad de carne que le correspondería a cada detenido es de 633 gramos diarios durante esos 183 días. Téngase en cuenta otro dato: la empresa cobra todo por adelantado, aunque no deba entregar la totalidad de la mercadería.

El 29 de enero se elaboró también la orden de compra 39/09, a favor de la distribuidora Virasoro SRL, para la provisión de 154.439 kilos de carne vacuna en medias reses a las unidades 15, 44 y 50 de Batán (Mar del Plata), por un valor de $ 1.212.346,15, a un precio de $ 7,85 el kilo.

El plazo, la forma de entrega y la vigencia del contrato son los mismos que en el caso anterior. A la Unidad 15, que aloja a 1.195 presos, se destina-ron 114.234 kilos (522 gramos diarios); a la Unidad 44, que cuenta con 337 de-tenidos, 29.175 kilos (473 gramos diarios); y a la Unidad 50, con 88 internas, 11.030 kilos (684 gramos diarios). Es decir, se mantiene el promedio de medio kilo por detenido. Esto es generalizado en casi todas las unidades académicas.

Grasa en lugar de salsa

Una de las quejas más frecuentes de los internos es sobre la mala alimentación que reciben. A pesar de que la misma estaría aportando, en la mayoría de los casos, los nutrientes esenciales para el organismo, el menú está saturado de hidratos de carbono (pan, arroz, fideos), la carne suele ser poca y extremadamente dura, y los caldos sumamente grasos y con mal olor, como lo constatan las inspecciones frecuentes realizadas por personal del Comité Contra la Tortura, organismo que depende de la Comisión Provincial por la Memoria.

Según Alicia Romero, del área Niñez y Adolescencia del Comité, cada tres días ingresan 1.200 kilogramos de carne a la Unidad 9, pero los presos nunca ven esa cantidad.

En un relevamiento llevado a cabo por esa entidad a fines de mayo último, se analizaron puntualmente el área de cocina y el depósito. “Tuvimos la posibilidad de observar la comida que se sirvió a los detenidos en el pabellón 11 de admisión y pudimos ver que la supuesta bolognesa era grasa cortada en pedazos. Varios detenidos también se quejaron de la comida que se les servía, diciendo que era escasa e incomible”, relatan en el informe que elaboraron, y que irá a engrosar el gran número de hábeas corpus colectivos que el Comité viene presentando desde su fundación. “La higiene en el lugar era regular: había humedad, restos de comida en el piso, en una de las ollas había papas en agua junto con un bidón que flotaba en la misma y, también, algunas moscas y cucarachas”, concluyen en su observación de la cocina.

“Incomible”

Alicia Romero, en diálogo con Desafío, puntualiza que “inspeccionamos frigoríficos (en la Unidad 5 de Mercedes) y había medias reses. La comida en ese penal es incomible, sobre todo, el guiso, la sopa y los fideos, y en las celdas de aislamiento el menú consistía en arroz blanco con hueso y un líquido grasoso con mal olor”.

Otro dato a tener en cuenta es que hay unidades penitenciarias con frigoríficos para guardar y conservar la carne. Pese a ello, a los proveedores se les da la prerrogativa de “entregas parciales”.

Según relata Federico Pérez Aznar, del Comité, una de las tácticas habituales de los presos es el reciclado de la comida que les da el Servicio. Utilizan algunos elementos del menú y descartan otros por considerarlos “incomibles”, articulando los ingredientes salvables con la comida que reciben de sus familiares en las visitas, a la vez que a menudo la comparten con quienes no tuvieron la suerte
o la posibilidad de ser visitados.

Más ejemplos

La orden de compra 45/09, con fecha del 29 de enero, a favor del proveedor Dasem SRL, consiste en la entrega de 192.625 kilogramos de carne vacuna en medias reses, por un monto de $ 1.525.590, a las unidades 17 (Urdampilleta) y 30 (Alvear). A la primera de ellas, que alberga a 464 internos, le corresponden 50.325 kilos (592 gramos diarios), mientras que a la 30, con 1.473 reclusos, le incumben 142.300 kilogramos (527 gramos por día).

En la misma orden aparece otra compra de carne vacuna, pero esta vez no en media res sino en varios cortes, para la Unidad 14, también del partido de General Alvear, por una cantidad de 7.359 kilos, a un precio de $ 18,90 la unidad y por un total de $ 139.085,10. La unidad 14 tiene 39 internos, de manera que a cada preso tendrían que suministrarle un kilo por día.

Esto contrasta fuertemente con los dichos de Raúl Borzzone, del área de Datos del Comité Contra la Tortura. “Está comprobado que lo que se encuentra en los depósitos jamás llega al detenido. En todos los lugares la situación es alarmante, pero en algunos lugares está agravada, como en el caso de Alvear”, expresa.

Las 17 órdenes de compra a las que accedió Desafío tienen proveedores repetidos: Carnes Yamuni SA, Alimentos Generales SA, Grupo Colonia SRL, Visom SA, Dasem SRL UTE, Distribuidora Virasoro SRL y Olazul SA UTE.

El SPB también registra pagos a Resaka SRL, una firma con sede en Mar del Plata, pero que ni siquiera tiene local habilitado, según figura en la credencial de proveedor del Estado, con número 14019. El 12 de marzo último, por ejemplo, Resaka SRL recibió un pago de $ 570.690, según el registro de la Contaduría de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a datos oficiales de marzo de 2008, unas 22.000 personas se encuentran presas en las unidades del SPB (52 en total), a cargo de Fernando Díaz desde mayo de 2005. El presupuesto 2009 de la Provincia destina más de mil millones de pesos al sistema penitenciario, que a la luz de los hechos tiene un cono de opacidad que en algún momento debería ser aclarado.

El mismo hombre desde 2005

Desde 2005 Fernando Díaz es el titular del SPB. Nació en Quilmes el 22 de enero de 1964, está casado y tiene tres hijos.

Desde 1989 trabajó en los fueros Civil y Comercial y Laboral, particularmente como abogado en tribu-nales de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, matriculado en el Colegio de Abogados de Quilmes y el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

En los ‘90 ingresó como abogado en el Servicio Penitenciario Federal, y posteriormente se desempeñó como segundo jefe de la División Asuntos Administrativos de la Dirección de Auditoría General, como asesor de gabinete de la Intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense y, desde el 24 de mayo de 2005 hasta la fecha, como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según datos oficiales de abril de 2008, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 22.000 personas presas en las unidades carcelarias del SPB, dependiente del ministerio de Justicia. Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Provincia publicado en 2005 revela que el 61% de los detenidos tiene entre 18 y 30 años, y el 68% está preso por delitos o tentativas de robo o hurto. Además, el 85% solamente está procesado, y un 75% ni siquiera fue condenado en primera instancia. En el 30% de estos casos se dictaminan absoluciones o sobreseimientos, es decir que habría más de 6.000 personas inocentes tras las rejas.

¿Por arte de magia?

Cuando el Comité Contra la Tortura inspecciona una unidad, la buena comida aparece por arte de magia. “Desde que en-tramos hasta que sirven la comida tienen tiempo para reformular el menú y mostrar algo más presentable”, cuenta Raúl Borzzone, y narra un llamativo episodio: “No me acuerdo si fue en Sierra Chica o Batán, pero una vez que fuimos noso-tros tuvieron la oportunidad de mejorar el menú y les sirvieron tres platos: pastas, puchero y milanesa”.

Pero Borzzone dice que en esos casos los presos suelen dejar a un lado los falsos menúes o arrojarlos al piso, como modo de protesta, para poner en evidencia ante el Comité las condiciones alimentarias que rigen cuando no hay inspección. Eso sucedió a mediados de mayo en una inspección del Comité en la Unidad 5 de Mercedes: “De la nada sacaron unos ñoquis que nunca habían comido los detenidos”.

Taller de huerta para ampliar el menú

A comienzos de 2008 se puso en marcha un taller de huerta en la Unidad Asistencial y de Tratamiento Especial Nº 45 de Melchor Romero (La Plata). La unidad se divide en dos sectores, de acuerdo al sexo de los reclusos, en tanto el taller se lleva a cabo sólo con las mujeres, todas ellas pacientes psiquiátricas con diferentes patologías. 26 internas, de un total de 56, participan semanalmente del taller, cuya finalidad va más allá de la transmisión y el desarrollo de técnicas hortícolas: trabajan en base a prácticas de educación popular y realizan actividades artísticas, que buscan fomentar valores humanos fundamentales, como el diálogo, el compañerismo, la cons-tancia y el respeto grupal. El taller es un proyecto independiente y voluntario que cuenta con el aval institucional de la cátedra libre de Soberanía Alimentaria, reconocida a su vez por la Universidad Nacional de La Plata.

Una de las talleristas relata a Desafío que las presas “perdieron mucho el sentido del ritual que lleva hacer la comida. El hecho de que sea una cárcel de mujeres hace que el tema de la cocina tenga una particularidad (…): el hecho de cocinar algo rico y compartirlo con el resto”. Además, se torna difícil que las presas “puedan armar su propio menú, porque al no tener visitas y no tener alimentos de afuera, al no tener dinero para comprar o mandar a comprarlas, el menú termina siendo el que les da el penal”. Por eso, en la huerta plantan verduras y condimen-tos que no son contemplados por los menúes oficiales del SPB.

Algunos de los proveedores de alimentos

Carnes Yamuni SA
- Empresa familiar con presencia en los partidos de Berisso y La Plata.
- En lo que va de 2009 recibió del SPB $ 4.407.743,13.
- Su presidente es Antonio Julián Yamuni.

Frigorífico Visom SA
- En lo que va de 2009 recibió $ 4.176.238,41.
- Su domicilio es J.L. Suárez N °3451, Polvorines.
- Su apoderado es Marcelo Agliozzo.

Alimentos Generales SA
- Provee productos de almacén.
- En lo que va del año recibió $ 4.050.626,60, duplicando lo recibido en 2008, $ 2.514.751.27.
- La empresa fue creada en 2003 y su locación comercial es Av. Monteverde Nº 4570, Burzaco; en tanto su domicilio legal es Av. H. Yrigoyen Nº 5053, 1º E, Lanús.
- Es presidida por Jorge Alberto Baudino.

Olazul SA (UTE)
- Es proveedors de carne vacuna. Recibió en lo que va del año $ 2.415149,43.
- Está domiciliada en calle Roque Sáenz Peña Nº 811, 4º A, Capital Federal.
- Su apoderado es Fernando Isla Casares.

Dasem SRL
- Provee carne vacuna.
- El 29 de enero de este año recibió dos pagos que suman un total de $ 2.297.515,14.
- Su apoderado es Lucas de Marziani.

Resaka SRL
- Recibió $ 1.567.740,00 en 2009.
- Aunque en el detalle de proveedores del Estado aparece domiciliada en calle Rodríguez Peña Nº 1789 (Mar del Plata), luego se aclara que la compañía no posee local habilitado para el servicio que brinda.
Además, sería prestataria del servicio de cocina del hospital Mercante de José C. Paz y, según la agencia Impulso Baires, administraría varios restauran-tes del complejo turístico de Chapadmalal.

Grupo Colonia SRL
- Es proveedor de mercadería de almacén, verdulería y productos cárnicos. Recibió en el primer semestre de este año $ 1.045.560,44.
- Su locación comercial es en calle Tucumán Nº 387, Bella Vista, y su domicilio real se encuentra en La Plata, en calle 9 Nº 1057, planta baja.
- Su apoderada es Graciela E. Rico.

Publicada en Revista Desafío Económico / páginas 20 a 25

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